La Agencia Española del ISBN: tratando de descifrar su privatización

El Gobierno de España, al igual que el de otros muchos países, ha iniciado una serie de privatizaciones de entidades del sector público con el objetivo de reducir el volumen del déficit público que está lastrando a nuestro país (y con ello a las empresas españolas) a la hora de conseguir financiación en los mercados internacionales. La privatizaciones parciales de AENA y de Loterias del Estado han sido las grandes protagonistras del nuevo paquete de medidas del Ejecutivo del Presidente Rodríguez Zapatero, por su peso en la economía del país, por su rentabilidad y porque su venta al sector privado puede reportar unos 14000 millones de euros al erario público.

Sin embargo, ha habido un privatización que ha pasado casi desapercibida en los medios de comunicación y, por ende, para la opinión pública, pero que es de crucial importancia en el mundo del libro: la privatización de la Agencia Española del ISBN. Voy a tratar de descifrar qué consecuencias acarrea esta medida.

Tal y como aparece en los medios, la Agencia Española del ISBN se remonta a 1972, cuando su gestión fue concedida por la agencia internacional del ISBN, con sede en Londres. Por aquel entonces, el ISBN (International Standard Book Number) ya era una norma ISO, la ISO 2108 desde 1970. La Agencia Española del ISBN era de carácter público, y el gobierno franquista lo hizo así para poder controlar las publicaciones y ejercer un papel censor.

Una vez pasada la dictadura, y habiendo llegado la democracia a España con la Constitución de 1978, la Agencia Española del ISBN siguió siendo pública, hasta la actualidad, desde luego ya sin ejercer ninguna función censora, sino simplemente la de proporcionar un "DNI" a los libros.

¿Por qué entonces privatizarla? Según la FGEE (Federación de Gremios de Editores Españoles) se trata de normalizar su situación, ya que en los demás países las agencias son gestionadas por las asociaciones de editores y sus catálogos del ISBN tienen un carácter comercial. Este aspecto es cierto. No hay más que ver el Portal de la Agencia internacional de la Agencia del ISSN, que no es de consulta pública. Su base de datos, en principio, sólo puede ser consultada por los profesionales del sector así como por sus clientes (caso de las bibliotecas públicas), y el acceso a la misma es de pago. Por ejemplo, para la consulta desde un único ordenador, con autenticación IP, hay que pagar 830 euros. Y para el acceso Z.39.50 desde un único ordenador, con autenticación IP, hay que ingresar 1040 euros. (La lista de precios la tenéis en este enlace). Lo mismo sucede con el catálogo de publicaciones periódicas Ulrichweb, realizado por Serials Solutions.

Por tanto, las editoriales están reclamando algo que consideran que es suyo, como sucede en el resto de países. Sin embargo, lo que hemos comentado en el anterior párrafo sólo se refiere al acceso a la base de datos (que hasta ahora en nuestro país es gratuito). También hay que tener en cuenta el coste de la obtención de un número ISBN. Hasta el 1 de julio de 2011 seguirá siendo gratuito. A partir de entonces, habrá que pagar por ello. La FGEE afirma que conseguir el ISBN no tendrá un coste significativo, sólo unos tres euros por número. En cualquier caso muy lejos de los 160 euros que pueden llegar a cobrarse por un sólo número de ISBN, o de los 54 euros que se cobran al editor que solicita por primera vez un ISBN.

Ya se sabe que, al igual que en otros servicios como la luz, el transporte público, etc., se comienza con muy buenas intenciones y luego nadie se acuerda de ellas y los precios crecen como levadura. Pero si sólo se tratase de 3 euros, al multiplicarlos por 75000 publicaciones anuales (en otros medios se habla de 95000), tendríamos unos ingresos anuales de 2,25 millones de euros. No sé cuáles serán los costes de seguir realizando el catálogo del ISBN español, pero parece que se trata de una interesante cantidad.

Hay detractores entre los propios editores a esta privatización. Es el caso de Jorge Ruiz, responsable de la editorial Sirius, que considera que cualquier privatización innecesaria le parece una mala noticia. Además de que deja abierto el camino a posteriores cobros, como por consulta o a excesivos costes para la obtención de un ISBN como hemos comentado anteriormente.

Además, el responsable de Sirius señala el posible interés de los gremios editoriales de tratar poner obstáculos a la autoedición con la privatización de la agencia española del ISBN. O quizá de, al menos, lograr unos ingresos por las autoediciones de autores noveles que se realizan a través de Bubok o Lulu. De hecho, los costes de conseguir un número de ISBN para las personas que se autopublican serán algo superiores a los 3 euros ya que según afirma Miguel Jiménez (actual director de la Agencia Española del ISBN) los auto-editores requieren de una mayor atención ya que desconocen inicialmente el funcionamiento del sistema, algo que no ocurre con las editoriales.

No se trata de una arista menor de este problema, ya que el ISBN es elemento indispensable para que una obra pueda ser comercializada en grandes superficies, o disponible en las bibliotecas públicas y, claro está, para que esté presente en la mayor base de datos de libros del mundo, la del ISBN.

Así mismo, ha de tenerse en cuenta una cuestión en absoluto baladí: las distintas versiones de una misma obra requieren de diferentes ISBNs, con lo que se requieren diferentes ISBNs para los formatos de tapa dura, bolsillo, librino (aparecido recientemente), a lo que hay que añadir los diversos formatos electrónicos.

Con todos estos datos, y a falta de seguro otros muchos que desconozco, la privatización de la Agencia Española del ISBN parece una concesión a las editoriales españolas en estos tiempos de crisis. Más aún sabiendo que el Estado ha conseguido con su privatización menos de un millón de euros.

El debate sobre si el peso del sector público ha de ser mayor o menor va a ser eterno, y se agudiza en tiempos de crisis. Mas no deja de ser curioso (quizá sea sólo una casualidad) que el último informe de la prestigiosa Consultora internacional KPMG tenga como portada un lobo. Un lobo que parece seguir el rastro de un alce cansado y herido (el sector público) tras un largo invierno frío, y que sólo espera a que su presa se desgaste un poco más para asestarle un ataque mortal. Porque tratándose de una empresa privada, no resulta extraño que KPMG aconseje que el sector público externalice parte de sus servicios públicos a empresas privadas como la mejor medida para no sólo reducir los gastos, sino también para mejorar la eficiencia.

Como vemos, la privatización de la Agencia Española del ISBN trasciende su propio ámbito y tiene un mayor calado y trascendencia. Sin embargo, sólo sus consecuencias en el sector editorial y del libro ya merecen toda nuestra atención y será muy interesante ver cómo evoluciona el funcionamiento de la Agencia.

Espero vuestras opiniones. Un saludo cordial. ¡Feliz Navidad!

Nota: he utilizado como fuentes de este artículo las noticias aparecidas en Cinco Días (escrita por Julián Díez), en El Mundo (escrita por L.G.), el último informe de KPMG "Situación de país-España "(realizado por Cándido S. Pérez Serrano) y la lista de precios de las suscripciones anuales del ISSN International Centre.

Cuando renovarse no puede ser morir: las bibliotecas públicas a debate en el Reino Unido

Los tiempos que vivimos no son los mejores, no cabe duda. La actual crisis económica nos está planteando una serie de retos de difícil resolución y nos está enfrentando a decisiones muy dolorosas que, según nos dicen, son imprescindibles para que el Estado del Bienestar (enseña de Europa, aunque ya sea menos bienestar) siga existiendo.

Repentinamente, las partidas de gasto son cuestionables y revisadas por doquier. En mi opinión, esto es señal inequívoca de que se ha actuado como nuevos ricos y se ha derrochado el dinero. No utilizo la primera persona del plural “hemos” porque no me considero partícipe ni responsable de la actual crisis, del mismo modo que muchos otros ciudadanos. No entiendo porque la inmensa mayoría de los ciudadanos tenemos que hacernos partícipe del fracaso y de la mala gestión de otros cuando anteriormente no participamos en el supuesto “éxito”, que ya vemos a donde nos ha llevado.

En todo caso, actualmente todo gasto es cuestionable, especialmente el público. El gasto público ha de reducirse inmediatamente. Y cuando ocurre esto, ya sabemos que las partidas que con preferencia y con premura se recortan son las de cultura, entre otras. Y con ellas, el gasto en las bibliotecas.

En Reino Unido, el debate está siendo de enorme calado y muy preocupante. Ahora, hay quienes piensan que las bibliotecas son algo prescindible. Esto es lo que viene a decir el informe realizado por la empresa de consultoría KPMG.

Dicha consultora sostiene que los servicios públicos están basados en profesiones establecidas en tiempos georgianos (reinados de Jorge I, II y III, durante el siglo XVIII), oficios como guardia de policía, profesor, cirujano, enfermero, trabajador social, etc.) que fueron organizadas dentro de las instituciones victorianas (la biblioteca, la policía, el ayuntamiento, la ciudad universitaria, el colegio gratuito, el hospital, etc.) y que fueron financiadas y gobernadas por el Estado del Bienestar durante la década de los años 1940. Dice que esta estructura tiene muchas fortalezas, en la medida en que aporta estabilidad a la estructura.

Sin embargo, cree que también es una fuente de inflexibilidad y resistencia al cambio, llegando a quedarse desconectada de la transformación mundial existente. Afirma que en las dos últimas décadas, se ha visto un cambio hacia la gestión mixta, con el uso de las tecnologías de la información, y la privatización de algunos servicios. En cambio, dice que la estructura de servicios públicos ha permanecido intacta.

El informe hace una apuesta firme por la gestión de las bibliotecas públicas por parte de las comunidades locales, en vez de por las autoridades. Sostiene esto, por ejemplo, en que las bibliotecas están teniendo graves problemas de financiación al ser más discrecionales que otros servicios públicos, haciendo alusión a que el uso ha disminuido, con lo que el coste unitario del préstamo por libro se ha hecho más caro que el precio por venta al por mayor de un libro.

Además, afirma que el nivel de resistencia de la comunidad al cierre de las bibliotecas es desproporcionado en relación con su uso. Siguen diciendo que la mayor parte de los espacios de las bibliotecas están mal utilizados, dedicados al almacenamiento de libros poco usados. A pesar de que el e-Gobierno ha hecho bibliotecas electrónicas, todavía las bibliotecas concentran sus servicios en varios edificios.

Habla sobre la oportunidad de que las bibliotecas públicas sean gestionadas por las comunidades locales, con lo que se implicarían más en su devenir y les aportarían un gran valor social. Además, se ahorraría mucho dinero en el pago de un personal sobrecualificado, en un espacio mal utilizado y en acciones innecesarias.

Ante este osado estudio, el célebre poeta Andrew Motion, presidente del Consejo de Archivos, Bibliotecas y Museos, ha declarado en The Guardian que el Gobierno tomaría una decisión errónea si hiciera caso al informe de KPMG. Ha dicho que el sector de las bibliotecas públicas ahorrará dinero, como el resto de sectores públicos. Pero toda buena biblioteca necesita de un personal experto para que funcionen adecuadamente. Cree que, aunque algunos aspectos pueden ser llevados por voluntariado, las tareas centrales han de ser realizadas por personal bibliotecario. Hacer lo contrario sería una catástrofe.

Andrew Motion considera que se trate de bibliotecas tradicionales o modernas, son piezas muy importantes para dar a las personas todo lo que una biblioteca puede ofrecerles, información, placer, instrucción, una nueva dirección en sus vidas. Además ayudan a las personas con dificultades para leer y a quienes están aprendiendo inglés. Poner en riesgo todo esto sería un error absoluto.

Motion acepta totalmente que nos encontramos en un momento en el que hemos de ser capaces de mantener un debate adulto sobre cómo hacer las cosas de otra manera, pero no aceptar la enorme importancia de las bibliotecas y su potencial, como parece mostrar el informe de KPMG, es frustrante a la vista de la labor que han realizado las bibliotecas.

Motion espera que el Gobierno no pierda el tiempo debatiendo sugerencias tan extravagantes.
Cree que no se hace daño alguno a la sociedad preguntándose qué servicios deben ser financiados con fondos públicos y como se deben realizar. Pero sería temerario que una economía moderna abandonara sin motivo los recursos que ayudan al aprendizaje y a construir nuestro potencial como seres humanos. “Estamos en un momento crítico. Es un tiempo para pensar en grande, no para cometer grandes errores que hagan retroceder al país y perjudicar a los más desfavorecidos que necesitan las mejores bibliotecas posibles y el libre acceso a los libros”.

Más allá de este interesante debate, en mi opinión resulta chocante la osadía y el descaro con que las empresas privadas opinan sobre la función pública. Muchos me dirán “¡faltaría más!”. Desde luego que la cosa pública nos afecta a todos y, por ello, es completamente lícito y saludable que esté en boca de todos y sea objeto de una constante reflexión. Pero me provoca perplejidad la reacción agresiva de las empresas privadas muestran cuando desde los poderes públicos se habla de regular sus actividades. “¿Quién es el Estado para decirme cómo he de llevar mi negocio?” Sin embargo, todas las empresas privadas están completamente de acuerdo con que el Estado rescate a ésta o aquella empresa (ya sea un banco, una automovilística, una red internacional de distribución, etc.), amparándose en el perjuicio que puede suponer para el conjunto de la sociedad. ¿En qué quedamos? Si se quiere que el Estado ayude al sector privado, no es una cuestión de solidaridad sino de justicia social que la sociedad en su conjunto reciba una compensación por esa ayuda. Sin embargo, desde la empresa privada, especialmente desde los grandes grupos empresariales, se defiende implícitamente que cuando las cosas van mal “Café para todos”, y cuando las cosas van bien, el sector privado se queda con el café y con la cafetera.
Este posicionamiento me hace ver con indignación estos informes de consultoras privadas que queriendo aparentar una visión “en aras del bien público”, proponen desmantelar los servicios públicos.

No cabe duda de que nos encontramos en un momento crítico, en el que todo es debatible. Todo menos unos servicios públicos mínimos que garanticen la igualdad de oportunidades y la integración de todos las capas sociales. Porque, en caso contrario, ¿qué será lo siguiente, la Sanidad, la Educación, los Servicios sociales? Creo que es el momento de estar muy vigilantes a los movimientos del sector privado y empresarial, porque no podemos renunciar a los derechos de todos en beneficio de unos pocos. Y el Reino Unido, aunque pertenezca al ámbito anglosajón y a un modo diferente de hacer las cosas en todos los ámbitos, también en el bibliotecario, está aquí al lado. Hay que plantarse. Que se gaste el dinero, que se gaste bien y que no se derroche, pero que no se pongan en peligro los servicios públicos. Creo que no es pedir demasiado. Sólo es pedir lo que nos pertenece, lo Nuestro.

Me temo que este artículo ha salido con aspecto de editorial, con carácter muy reivindicativo. Pero no podía ser de otra manera. Un saludo cordial.

Nota: enlace a la noticia publicada en The Guardian por Alison Flood, con fecha de 11 de julio.