Comentario al proyecto de ley:
Como introducción, considero conveniente contextualizar los antecedentes históricos y la evolución en la elaboración de esta ley.
En 1982, se produjo la llegada al poder del PSOE, que supuso un cambio político muy importante. Para el mundo bibliotecario español vino acompañada de la promesa esperanzadora de que se llevaría al Congreso una Ley de Bibliotecas. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo. Y, posteriormente, ni los gobiernos socialistas ni populares se hicieron eco de las necesidades bibliotecarias. Así se mantuvo la cuestión hasta que en la presente legislatura, el Gobierno parecía tener intención de cambiar la situación.
Pero, a la hora de realizar el anteproyecto, ni siquiera se consultó a los profesionales bibliotecarios y durante aquel tiempo (junio de 2006) se celebraron las X Jornadas de Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas en Santiago de Compostela. Posteriormente, antes de aprobar el Proyecto de ley en noviembre, se solicitaron informes de instituciones y asociaciones bibliotecarias, pero ni una sola de las propuestas fue recogida. Como bien dijo Mateo León, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 16 de marzo de este año, se trató de un simple formulismo protocolario. Todo esto nos da una idea del nivel de consideración que tiene el Gobierno y la Administración (desgraciadamente, ya es tradición secular) hacia el sector bibliotecario.
Tras una lectura rápida de la presente ley, en principio nos quedan dos sensaciones:
1º. Se trata de una "Ley del Libro", sin más. El resto del título de la ley es un mero añadido que expresa buenas voluntades pero no concreta nada. Y tanto es así que aspectos como la promoción de la creatividad literaria y las bibliotecas apenas han tenido reflejo en los medios de comunicación. El ejemplo más paradigmático de este hecho lo encontramos en un artículo de La Vanguardia con este titular: “Buena acogida de editores, libreros y partidos a la Ley del Libro”.
2º. Parece ser un pastiche, producto de las prisas, con interés principalmente de impacto mediático. El objetivo era superar la ley franquista del libro. Pero para el ámbito bibliotecario, no hay nada nuevo.
Entrando en mayores profundidades, se me plantean varias cuestiones que considero relevantes:
-Se diferencia acertadamente entre “información” (ilimitada) y la adquisición del “conocimiento” (que es mucho más lenta que la lectura de la información, ya que requiere la interiorización de los conceptos).
-Se echa de menos una mayor precisión terminológica, las definiciones son muy sucintas, destacando la de biblioteca (que sólo contiene el concepto de biblioteca pública, no incluyendo los otros tipos de biblioteca). Y, desde luego, sin olvidar tampoco la de libro. Es tan laxa que prácticamente todo puede ser un libro. Así que no sorprende que agrade tanto a los editores.
-Se "quiere" (expresión de mero voluntarismo) que los planes de fomento de la lectura sean continuados, pero no se determina una periodicidad explícita. Por otro lado, no se toma en consideración la diversidad cultural y lingüística de España ni las circunstanciales especiales derivadas de la inmigración.
-Nadie duda que las librerías (en especial las pequeñas) tienen una naturaleza que va más allá de la puramente comercial. En este sentido, considerarlas "agentes culturales" es positivo. Sin embargo, queda pendiente de determinar en qué se plasmará esta cualidad.
-Por otro lado, ¿cómo se puede conjugar la defensa de las pequeñas librerías con la medida de liberalización de los precios de los libros de texto? ¿No significa que nuevamente se favorece claramente a las grandes superficies en ese enorme pedazo de tarta?
-Así mismo, no es de extrañar que la CEAPA (Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos) muestre su disconformidad ya que, con esta medida, el Gobierno “se aleja del objetivo de la gratuidad” de los libros de texto. Sin este elemento clave, es falso decir que el sistema educativo español está financiado íntegramente por las administraciones públicas.
-El punto octavo del artículo 8 referente a que no se podrá utilizar el libro como reclamo para la venta de productos de otra naturaleza es positivo. Pero habrá que ver cómo se materializa este extremo. Exactamente lo mismo puede decirse del régimen sancionador.
En definitiva, casi todo en esta ley queda en un entorno retórico y ambiguo, pendiente de un desarrollo legislativo posterior mediante Reales Decretos y Decretos Legislativos, etc. Y en el caso de las bibliotecas no podía ser distinto. Aquí voy a detenerme especialmente, debido a que es la materia que más nos interesa.
Fuentes utilizadas (aparte de los textos legislativos, alojados en BOE.es):
-FERNÁNDEZ, Victoria. “La Ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas”. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil [en línea]. Diciembre de 2006, nº 199. http://www.revistasculturales.com/articulos/33/clij/654/1/la-ley-del-libro-la-lectura-y-las-bibliotecas.html [25 de abril de 2007]
-SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan. “El cuento de la Ley de Bibliotecas”. Mi Biblioteca. Nº 6 (Verano 2006), [p. 17?]
-SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan, "¿Ley de Bibliotecas? No, gracias". El Digital de Castilla-La Mancha [en línea]. 7 de septiembre de 2006. http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulos.asp?idarticulo=4968%20 [Consulta: 26 de abril de 2007]
