Internet, con sus ventajas e inconvenientes, forma parte de nuestras vidas. Ya es imposible hacerse a la idea de un mundo sin Internet. Hace un tiempo, quizá, fuese sólo un medio de entretenimiento y de comunicación. Ahora es mucho más que eso, es la principal vía de información y comunicación y nos permite hacer fácilmente multitud de gestiones que antes nos llevaban mucho tiempo.
Probablemente, todo ello ha llevado al parlamento finlandés a establecer que, desde el pasado 1 de julio, el acceso a Internet es un derecho legal de cada ciudadano finlandés(1) y a asegurar que todo finlandés tendrá acceso a una conexión de banda ancha de, al menos, 1 Mb.
Claro que esto es más sencillo hacerlo cuando tu país es el líder en el acceso a Internet, con un 96% de la población conectada a la Red. Sólo 4000 hogares no disponen de Internet.
Sólo cabe decir que a este respecto Finlandia ha hecho las cosas bien. Y se sienten tan seguros de ello que han llegado a garantizar que en 2015 todo ciudadano finlandés tendrá acceso a Internet a 100Mbs.
Las comparaciones son odiosas
En cambio, en otros países, la situación es bien diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una dura batalla simplemente por lograr la neutralidad en Internet, es decir, evitar que los proveedores puedan limitar el acceso de ancho de banda en base al mayor o menor ancho de banda utilizado.
Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones defienden que, si no se elimina el principio de neutralidad de la red (que hasta ahora ha sido consustancial a Internet), estaría en peligro la viabilidad de la propia red, debido a la ausencia de condiciones para la inversión en el mantenimiento y la mejora de la red.
Hay que apuntar que en Estados Unidos, Internet no está completamente generalizado ya que el 76,2% de los hogares tenía acceso a Internet (a finales del 2009), lo que significa que casi un cuarto de la población está al margen de la Red, especialmente las zonas rurales.
En el Reino Unido, Internet tampoco está disponible para toda la población. Sólo el 73% de los ciudadanos británicos tiene acceso a Internet. El gobierno británico se ha comprometido a proporcionar a toda la población un mínimo de 2 Mbs de banda ancha para el año 2012, pero se trata sólo de un compromiso, no de una decisión jurídicamente vinculante.
La opinión pública británica parece tener una posición clara al respecto: en una encuesta realizada por BBC World Service a principio de este año, cuatro de cada cinco personas consideran que el acceso a Internet es un derecho fundamental (o debe serlo).
En el caso de España, la situación es peor. Según los datos de Eurostat, únicamente el 51% de los hogares españoles tienen acceso a Internet (3),frente al 60% de la media europea. Ya el informe “Evolución de los usos de Internet en España” (4) realizado por el equipo del ONTSI decía que a julio de 2008 sólo el 61,8% de la población española había accedido alguna vez a Internet (no nos referimos a tener acceso desde casa, simplemente haberse conectado en alguna ocasión). Si el acceso a Internet fuera el único indicador del desarrollo de un país, Eslovenia, Estonia, Eslovaquia o Letonia estarían por delante de España.
En noviembre del año pasado, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció que a partir de 2011 la conexión a un mega sería un derecho (5) (el denominado servicio universal), con calidad y a un precio asequible en cualquier zona del territorio nacional. De hacerse efectiva esta iniciativa, sería un fuerte impulso de Internet y del comercio electrónico.
De todos modos, resulta curioso el ímpetu por universalizar el acceso a Internet. Desde luego que es una medida útil y necesaria. Pero es una iniciativa que tiene un fuerte componente mediático, ya que Internet se ha convertido en símbolo de modernidad y progreso. También cabría decir que es mucho más sencillo llevar Internet a todas las casas que proporcionar una vivienda digna a todos los ciudadanos. ¿Y qué es más necesario, Internet o una casa?
Paradojas aparte, convertir la banda ancha en un derecho legal podría tener muchas implicaciones en aquellos países que planean tomar acciones contundentes contra la descarga ilegal de archivos (habría que añadir que ni siquiera está definitivamente definido qué es “descarga ilegal”).
Francia o Reino Unido han afirmado que cortaran o limitarán las conexiones de las personas que descarguen frecuentemente música o películas.
Por el momento, aunque nada está decidido, parece que España se situaría en una posición menos radical, en la línea del gobierno finés, que ha adoptado una postura menos drástica: los operadores enviarán mensajes a los ciudadanos que descarguen ilegalmente archivos, avisándoles de que están realizando una actividad ilícita.
Este post es sólo un resumen de la situación actual, con toda seguridad el futuro próximo nos va a deparar nuevos hechos e informaciones que reubicarán a la Red de redes en nuestra sociedad. Seguiremos atentos.
Nota1: enlace a la noticia original aparecida el 1 de julio en BBC News.
Nota2: enlace a la noticia original aparecida en The New York Times, escrita por Mike Melanson, autor del blog Read Write Web.
Nota3: enlace a la noticia original aparecida el 7 de enero de 2009 en El País.
Nota4: enlace al informe original realizado por la ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, con fecha de 2009.´ne
Nota5: enlace a la noticia original aparecida el 17 de noviembre de 2009 en El País, escrita por Rosa Jiménez Cano.
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